La Coordinadora Federal de Policías Autonómicas y Locales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO, denuncia la intención del Partido Popular de privatizar paulatinamente la seguridad publica para dar salida a las empresas de seguridad privada.
Para CC.OO, no se trata de entrar en un debate absurdo entre seguridad pública y seguridad privada, entendiendo que ambas tienen cabida en nuestro modelo de seguridad, no obstante, debemos tener presente que la Constitución responsabiliza a los poderes públicos del mantenimiento de la seguridad ciudadana, por ello el ejercicio de la actividad encaminada a preservar la seguridad pública se atribuye en régimen de monopolio al Estado, desarrollada en exclusiva por los servicios de policía, estatales, autonómicos y locales y no a los particulares. Sin embargo, esto no supone la prohibición de que las empresas puedan desarrollar servicios de protección de personas determinadas o de bienes concretos pertenecientes a particulares.
Aclarado lo anterior, para CC.OO el problema se centra en el deseo del Gobierno, dando cumplimiento a sus políticas de reformas y recortes, de permitir la invasión de las competencias públicas por empresas privadas, lo que pone encima de la mesa el deseo irrefrenable de acabar con el estado del bienestar, atacando un pilar esencial como es el de la seguridad. Los primeros pasos de esta privatización se han manifestado en el País Vasco y Catalunya donde se ha procedido a reducir el número de ertzainas, mossos y de policías locales que prestan labores de escolta, sustituyéndolos por personal de empresas de seguridad. En opinión de la Coordinadora Federal de Policías Autonómicas y Locales, esta medida supone abrir el camino a la "privatización" de la seguridad pública ya que es a las Policías Autonómicas y Locales a las que corresponde realizar las labores de acompañamiento a personas que necesitan protección. Concretamente, en el caso de las Policías Locales, entre las funciones que la Ley 2/86, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad atribuyen a los policías locales se encuentra la protección a las autoridades de las Corporaciones Locales, en el mismo sentido se manifiesta la Ley Orgánica 1/2003, de 10 de marzo, para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y seguridad de los concejales, ha reforzado y ampliado dicha competencia, al extender la protección de autoridades, no sólo dentro del ámbito territorial del municipio sino también en todo el territorio nacional. En lugar de recurrir a empresas privadas, el sindicato considera que "Hay que generar empleo público de calidad, a fin de prestar el servicio que la sociedad requiere y necesita y no privatizar los servicios públicos, que empeoran el servicio que se presta y crean precariedad laboral". 
Asimismo, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, ha denunciado en un comunicado la intención de la Dirección General de la Guardia de pretender "privatizar" la seguridad pública y apostar por aumentar la presencia de empresas privadas para sustituir determinadas unidades de vigilancia, tales como centros penitenciarios, conducciones de presos y servicios estáticos en detrimento de las funciones encomendadas a la Guardia Civil. Según las manifestaciones del Director Adjunto Operativo “Se ha reducido sustancialmente el número de escoltas en el País Vasco, y por ello el Gobierno quiere de alguna forma, colaborar para dar salida y solución a la seguridad privada”. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO a través de la Coordinadora Federal de Policías Autonómicas y Locales defiende que el mantenimiento de la seguridad pública es algo consustancial a la misma idea de Estado, de modo que no puede afirmarse la existencia de un Estado moderno si no se garantizan unos determinados niveles de seguridad que permitan la pacífica convivencia de los ciudadanos.
Aclarado lo anterior, para CC.OO el problema se centra en el deseo del Gobierno, dando cumplimiento a sus políticas de reformas y recortes, de permitir la invasión de las competencias públicas por empresas privadas, lo que pone encima de la mesa el deseo irrefrenable de acabar con el estado del bienestar, atacando un pilar esencial como es el de la seguridad.
Asimismo, la Asociación Unificada de la Guardia Civil, ha denunciado en un comunicado la intención de la Dirección General de la Guardia de pretender "privatizar" la seguridad pública y apostar por aumentar la presencia de empresas privadas para sustituir determinadas unidades de vigilancia, tales como centros penitenciarios, conducciones de presos y servicios estáticos en detrimento de las funciones encomendadas a la Guardia Civil.Según las manifestaciones del Director Adjunto Operativo “Se ha reducido sustancialmente el número de escoltas en el País Vasco, y por ello el Gobierno quiere de alguna forma, colaborar para dar salida y solución a la seguridad privada”.
