La Coordinadora Federal de Policías Autonómicos y Locales de CCOO, considera que el Proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana pretende criminalizar la protesta social

El proyecto de modificación de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana en el que trabaja el Ministro del Interior, plantea criminalizar la protesta social en un país en donde hay más de una movilización diaria de promedio, según la Coordinadora de Policías Autonómicos y Locales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO.

Para esta coordinadora, el proyecto que supuestamente busca combatir las protestas sociales causadas por el desempleo, los recortes y el empobrecimiento de la población pretende profundizar en el modelo de seguridad del Partido Popular. Un modelo que, bajo el paraguas de lo que denominan "seguridad democrática", pretende volver a implantar un estado policial caduco y lejano al papel de la policía democrática.

En el texto, filtrado a distintos medios de comunicación, destaca el deseo de recaudar por encima de cualquier otra cuestión, lo que contribuirá a criminalizar la labor de la policía que se verá obligada a alterar la función constitucional de garantía de los derechos y libertades, para transformarse en un nuevo y cualificado factor de inseguridad al convertirse en recaudador.

Esto se hace patente de forma particular en previsiones como en las relacionadas con la falta de respeto a la autoridad o cuando se plantea la desobediencia, la falta de respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, catalogándolas de infracciones graves o muy graves.

O, también al tipificar conductas que afectan directamente al estricto ámbito de la libertad de la persona, como realizar el botellón en lugares públicos o la indefinición al no detallar cuales son los "bienes jurídicos protegidos", cuyo ataque hay que proteger, en ambos casos la futura norma establecerá cláusulas abiertas de inquisición facultativa, permitiendo la imposición indiscriminada de la cuantía de las sanciones.

Para la Coordinadora Federal de Policías Autonómicos y Locales de CCOO, en uno y otro caso, predomina el afán recaudatorio por encima de la posible existencia de razones de orden público o policiales ajenas a la evitación de hechos delictivos racionalmente previsibles.


No terminan aquí los motivos de preocupación de esta coordinadora de la FSC-CCOO por el proyecto, está también el carácter ejecutivo de todas las sanciones que, como regla, no se verá alterado por eventuales recursos.

Sanciones que, además, podrán imponerse en una amplísima gama de supuestos de notable indeterminación, siempre que el instructor decida atribuir a las correspondientes conductas y que, en muchos casos, serán simples acciones comunes de protesta ciudadana, trascendencia o relevancia para la seguridad ciudadana.

Se da también el paso en el que, en la práctica, se andaba desde hace mucho tiempo: la penalización administrativa, como falta grave, del consumo o tenencia ilícita (aunque no sea destinada al tráfico) de sustancias estupefacientes, ascendiendo así un escalón más en la línea represiva que caracteriza el proyecto.

Otra de las prioridades que esconde la norma, aunque de manera sibilina se quiera enmascarar, es la prohibición absoluta, con la tipificación de falta grave, de "la utilización y uso público e indebido de uniformes, trajes, insignias o condecoraciones oficiales". Con este apartado, la coordinadora de FSC-CCOO recuerda las multitudinarias manifestaciones realizadas por el Cuerpo Nacional de Policía, Guardia Civil, policías locales o bomberos, en defensa de sus derechos; movilizaciones uniformadas que contaron con el debido respaldo de la ciudadanía y posteriormente con el judicial y que, ahora, el legislador pretende prohibir argumentando que manifestarse con uniforme pone en peligro la seguridad ciudadana.





En definitiva, hasta conocer con exactitud el alcance de la reforma, la Coordinadora de Policías Autonómicos y Locales de la FSC-CCOO, muestra su preocupación y entiende que el proyecto de reforma de la Ley Orgánica sobre Protección de la Seguridad Ciudadana debe mantener el máximo respeto a los derechos de la persona, tanto individuales como colectivos, preservando especialmente los relativos al derecho de manifestación y libertad de expresión, evitando la vía de la legalidad excepcional para el tratamiento de cuestiones que democráticamente tienen directamente que ver con los derechos fundamentales de la persona.

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