CALENDARIO DE MOVILIZACIONES

LA SEGURIDAD ES UN DERECHO DE LA CIUDADANÍA, ....., CON LOS RECORTES ..... QUIEREN DESTRUIR LA SEGURIDAD PÚBLICA, ...... NO NOS CALLARÁN,

Presentación

Estamos viviendo en una sociedad de información que depende cada vez más de la creación, la administración y la distribución de la información, el acceso a las nuevas tecnologías en materia de información nos ofrecen infinidad de posibilidades para comunicarnos que debemos aprovechar, obvio es afirmar que disponer de información y poder transmitirla tiene una importancia fundamental para las organizaciones sociales.

La pretensión de crear este Blog, supone cumplir varios retos, el primero darnos a conocer, resulta fundamental que todos nuestros lectores, sean o no afiliados a nuestro Sindicato, conozcan y participen de nuestros trabajo, en segundo y mas importante, pretende ser un lugar de encuentro donde compartir ideas, intercambiar opiniones y realizar propuestas.

Desde esta perspectiva, intentaremos dia a dia proporcionar la información que consideremos importante para fortalecer la salud del colectivo policial desde el prisma sindical.

Os esperamos.

miércoles, 25 de abril de 2012

28 de abril, del Día Internacional de la Salud y Seguridad en el Trabajo.


Una jornada reivindicativa y de lucha, con la que los Policías Locales y Autonómicos de CCOO queremos recordar que seguimos sin que se nos aplique la Ley de Prevención de Riesgos y por supuesto nos siguen negando el derecho al anticipo de la edad de jubilación, sin tener en cuenta las consecuencias de las condiciones en que desarrollamos nuestra  actividad profesional.



La Coordinadora Federal de Policías Autonómicos y Locales de CCOO, convoca a todos los policías a participar en las manifestaciones que se celebrarán en toda España, para celebrar un día tan importante y mostrar nuestro más enérgico rechazo a las políticas neoliberales impuestas por el Gobierno del Partido Popular que están suponiendo un deterioro de las condiciones de trabajo y del sistema de protección social, con consecuencias muy negativas para la salud de la población trabajadora y del conjunto de la sociedad del que los policías somos un elemento importante.

En este sentido no debemos olvidar y recordar la postura favorable que mostraban los representantes del PP cuando se encontraban en la oposición, excelsos Diputados como el Sr. Cosidó (actual Director General de Policía) ó  el Sr. Burgos (actual Secretario de Estado para la Seguridad Social) que no se digna a contestar las cartas que le hemos envíado en nombre de la plataforma para la unidad de acción para el anticipo de la edad de jubilación de los policías.

Como hemos denunciado  desde la Coordinadora Federal de Policías de CCOO en reiteradas ocasiones la pérdida y el deterioro de condiciones psicofísicas hacen que aumenten  las enfermedades físicas (desde las cardiovasculares, y musculoesqueléticas) hasta las psíquicas (ansiedad, depresión…) de los Policías.

Este deterioro progresivo de la salud, incide directamente en la calidad de la prestación del servicio policial  y afectará directamente  al conjunto de la población.

La única manera de hacer frente a esta situación es mediante la acción sindical en los centros de trabajo, haciendo participes de nuestras reivindicaciones a nuestros compañeros y compañeras; por ello, desde la Coordinadora Federal de Policías de CCOO debemos apostar por reforzar nuestra presencia y actividad sindical.


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lunes, 23 de abril de 2012

No hay canales de comunicación con los organismos de igualdad para la participación de mujeres policía.


Puede juzgarse el grado de civilización de un pueblo
 por la posición social de la mujer.

Domingo Sarmiento.
Político y escritor argentino.



La Ley de Igualdad propició, entre otras medidas conducentes a la eliminación de desigualdades entre hombres y mujeres, la creación de estructuras que se responsabilizarán del buen funcionamiento de la norma y de alcanzar los objetivos que en ella se enmarcaban, así fueron creados el Consejo de Participación de la Mujer, la Comisión Interministerial de Igualdad y una Unidad de Igualdad en cada uno de los ministerios.

Transcurrido el tiempo, las organizaciones presentes en las jornadas, llegaron a la conclusión que éstas no funcionaban: en palabras de su portavoz Pilar Villacorta (Secretaria de la mujer de AUGC) «nos consta que algunos no funcionan, y otros se crearon con tan sólo una persona», por lo que se consideró prioritario después de hacer un diagnóstico del funcionamiento de cada uno de estos organismos, crear un grupo de trabajo que redacte un documento para trasladarlo y abrir una vía de negociación  con el nuevo Gobierno. La idea, es tratar en primer lugar de tener algún canal de comunicación para que se nos escuche y la segunda que se de contenido y cumplimiento a la Ley, no se puede permitir que se diga que las mujeres policías y de las fuerzas armadas están excluidas de la aplicación de la Ley, utilizando los mismos argumentos que tratamos de eliminar.

En cuanto a la evaluación de la actual situación de los protocolos de acoso en todas sus formas, laboral, sexual y por razón de sexo, las participantes llegaron, desgraciadamente, a las mismas conclusiones, “estamos un poco mejor que al principio, pero muy lejos de la  meta final”.

La aplicación de los protocolos de acoso en las policías y fuerzas armadas se quedan cortos y, en algunos casos resulta casi imposible poder, incluso denunciar los hechos.

Se limita mucho qué es mobbing y el acoso sexual, no contempla el acoso horizontal (entre compañeros) ni el vertical ascendente (de empleado/a a superior/a) y, por último, carece de un catálogo de actitudes de acoso.



En resumen, al final, la aplicación de los protocolos de acoso en los Cuerpos policiales y Fuerzas Armadas, para las asistentes, no dejan de ser “una calculada chapuza” donde se cumple la máxima de "quien hace la ley, hace la trampa".

En consecuencia, las asistentes acuerdan que estas jornadas de trabajo deben ser el punto de partida de otras muchas, que sucesivamente, deben encauzar el problema y hacerlo visible, en palabras de la Secretaria de la mujer de la FSC-CCOO “debemos ser conscientes de la realidad, por eso la visibilizamos y la debemos analizar con posturas críticas y constructivas”, por lo que quedan emplazas a una próxima reunión donde esperan poder analizar los resultados que se deriven de las conclusiones adoptadas, y que a continuación detallamos:

CONCLUSIONES.

Las Secretarías de la Mujer de AUGC, AUME (Observadoras), SUP y FSC-CCOO, acuerdan:


Reabrir el debate sobre el funcionamiento de los distintos organismos creados a raíz de la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad: Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, Unidades de Igualdad y el Consejo de Participación de la Mujer, y en su caso la necesidad de impulsar nuevas vías de participación y comunicación.

Exigimos el funcionamiento real y efectivo de los organismos internos en nuestros ámbitos laborales como medida eficaz que garantice la Igualdad de Oportunidades y la aplicación de la normativa en materia de Igualdad y de género, todo ello en base a la constancia de las numerosas deficiencias en su aplicación.

La necesidad acuciante de la aplicación de los protocolos de acoso en todas sus formas, laboral, sexual y por razón de sexo, negociados en el ámbito de la Administración General del Estado al igual que ya se vienen aplicando en los ámbitos de las Policías Locales y de las CCAA, rechazando la Resolución  firmada el 20 de noviembre de 2011 por el anterior Director del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, excluyendo a los colectivos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de su ámbito de aplicación.

Toledo, 20 de abril de 2012.




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domingo, 22 de abril de 2012

martes, 17 de abril de 2012

El Rincón de la Caverna.



El abogado y portavoz de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil (UO), Jesús Martín Vázquez, ha opinado en el informativo Es Noticia de esRadio sobre el auto de la Audiencia Provincial de Madrid (APM) que obliga a que las cuatro acusaciones particulares presentes en el caso contra Juan Jesús Sánchez Manzano estén representados por el mismo abogado.

El abogado de la UO ha afirmado que la decisión "lleva a pensar que hay una intencionalidad clara" y ha recordado que el SUP "mandó en su momento una nota haciendo referencia a que se presentaban en el caso no porque Sánchez Manzano fuera culpable de nada sino porque era un incompetente".

Martín Vázquez ha recordado que el SUP es un sindicato "de clara tendencia progresista" y ha asegurado que "los oyentes pueden imaginar para qué se quiere que sea el SUP el que lleve la dirección jurídica, cualquier persona con dos dedos de frente se lo puede imaginar".

Además, Martín Vázquez ha recordado que con "una aplicación estricta de la normativa vigente" el abogado al que señalase el auto de la APM no debería ser el del SUP sino "la dirección letrada de la UO", ya que interpuso su querella antes que el sindicato policial, aunque después tuviese que resolver un problema de forma.

Sobre el recurso en el TS.

El portavoz de la UO ha opinado también sobre el recurso interpuesto ante el Tribunal Supremo contra el sobreseimiento de la causa dictada por la propia APM, mostrando sus "ganas de que esto siga para adelante".

De hecho, Martín Vázquez ha asegurado que "la principal crisis que sufre España es ética, política y sobre todo moral y sólo estaremos preparados para superarla si despejamos estos fantasmas", así que su asociación espera "que la Sala II del TS acepte los recursos" y, además, "jurídicamente lo vemos viable".

Además, el abogado y portavoz de la UO ha recordado que en la causa "hay dos imputados más y podríamos entender que la sigue latente en el juzgado".









Una única reflexión: España tiene una Constitución que exige a los miembros de las fuerzas de seguridad neutralidad política, la ley orgánica 2/86 también. 

Un abogado de la Unión de Oficiales de Guardias Civiles que pone el acento en que el SUP es un sindicato progresista, como si eso fuera un delito, lo califica.




lunes, 16 de abril de 2012

Vamos de mal en peor. Beteta se vuelve a lucir.

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Hoy traemos a ésta sección a un personaje cuya virtud es ninguna y que poco a poco está consiguiendo hacerse famoso por su ineptitud y sus salidas de “patas de banco”.

Nos referimos al señor Secretario de Estado de Administraciones Públicas Antonio Beteta, previamente Diputado en la Asamblea de Madrid durante varias legislaturas, exconsejero de Economía y Hacienda y exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid.


Pues bien, este hombre, en primer lugar, le dio por atacar a las policías locales y sufrimos su ataque para justificar la ampliación de horario de los funcionarios ....

Veamos las manifestaciones publicadas por el diario “El Mundo” del Secretario de Estado de Administraciones Públicas Antonio Beteta sobre la ampliación horaria de los empleados públicos: Decía Beteta, tiene importancia para colectivos como la policía municipal, donde al tener que trabajar horas adicionales, supondrá un ahorro en pago de gratificaciones y horas extraordinarias”

Como diría nuestro monarca, excelso cazador de elefantes en Botsuana “nos llena de orgullo y satisfacción” que todo un Secretario de Estado vea la importancia del trabajo policial y que con el aumento del horario de éstos profesionales se produzca la salvación de la administración y la salida de la crisis.

No quedando contento con la perla anterior, días después ha vuelto a la carga, y se despacha:

“el ahorro que supone para autonomías y ayuntamientos la extensión de la jornada laboral de los funcionarios en 2,5 horas semanales asciende hasta 2.500 millones de euros, por lo que los funcionarios ”tendrán que olvidarse del cafelito y de leer el periódico, ser más productivos, con responsabilidad y humildad”, ya que “ya nada es como antes”.

Lo dicho, de nota..........

Quizás aquí debiéramos acabar nuestro comentario pero, me resisto, y necesito sugerirle con modestia y respeto a nuestro prócer, que  la próxima vez que salga a la palestra nos hable también, de lo que pueden suponer de ahorro para el erario publico acabar con las redes corruptas de los políticos, por ejemplo podría hacer un esfuerzo y hablar de la trama GURTEL investigada por la justicia que involucra a una decena de Administraciones en cuatro comunidades autónomas desde hace más de una década.

Por si no lo recuerda le damos algunas Pistas del modus operandi:

El supuesto delincuente y su banda (Correa y sus compinches)  lograban, a cambio de favores o dinero, contratos de servicios a dedo de cargos públicos y ejercían de intermediarios entre políticos y empresarios en las adjudicaciones de obras o suelo.



Los pardillos afectados:

La Comunidad de Madrid, y los Ayuntamientos de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Arganda del Rey y Boadilla del Monte; la Comunidad Valenciana; Castilla y León; Galicia; y el Gobierno central durante la etapa en la que fue ministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos.

Y, como no le recordamos alguno de sus compañeros de partido salpicados por el escándalo:

Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP en Galicia.




Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP y senador por Cantabria.

Y alguno de los profesionales de lo público  (Políticos) salpicados por el escándalo:

Madrid:

Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes autonómico y ex concejal en el Ayuntamiento de Madrid.

Benjamín Martín Vasco, diputado autonómico en Madrid y ex alto cargo de la empresa municipal del suelo de Arganda del Rey.

Ginés López, ex alcalde de Arganda del Rey.

Clemente Aguado, ex viceconsejero de Inmigración.

Alfonso Bosch, diputado autonómico y ex alto cargo municipal de Boadilla.

Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla.

Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda.

Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo.

Valencia:

Francisco Camps, presidente del Gobierno valenciano.

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia.

Ricardo Costa, diputado autonómico y ex secretario general del PP valenciano.

Víctor Campos, ex vicepresidente valenciano.

Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo.

Pedro García, ex director general de Canal 9.

Castilla y León:

José Manuel Fernández Santiago, presidente del Parlamento autonómico y ex consejero de Fomento.

Contribución a paliar los efectos de la crisis o dinero defraudado al fisco:

En total, 43,2 millones de euros, que se dividen así:

Alfonso Bosch: 250.000 euros. Alberto López Viejo: 352.000 euros. Benjamín Martín Vasco: 340.000 euros. Arturo González Panero: 642.000 euros Ginés López: 534.000 euros Jesús Sepúlveda: 455.000 euros Tomás Martín Morales: 450.000 euros Gerardo Galeote y José Galeote: 800.000 euros Álvaro Pérez: 330.833 euros. Pablo Crespo: 539.120 euros. Francisco Correa: 38,5 millones de euros






Igualdad en los Cuerpos de Policía.

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Organizada por la Secretaría de Mujer de AUGC, y con la participación de representantes de asociaciones profesionales y sindicatos se celebrará en Toledo una Jornada de Trabajo bajo el título:

CANALES DE COMUNICACIÓN Y PARTICIPACION EN ORGANISMOS DE IGUALDAD.

PROTOCOLOS DE ACOSO POR RAZON DE GÉNERO.

OBSERVATORIOS DE LA MUJER.

dirigida al estudio de la implantación de la Ley de Igualdad en los Cuerpos de Policía.

Transcurridos ya cinco años desde la aprobación de la Ley, podemos afirmar que desgraciadamente su impacto en la sociedad, todavía está muy lejos de cumplir las expectativas y el espíritu propuesto por la norma, y ésta brecha es aún más notoria si la extrapolamos a su desarrollo en los Cuerpos Policiales.

La Jornada de trabajo,  será inaugurada por  Francisco Javier García Peña. Secretario Provincial AUGC. (Toledo), Carmen Bravo. Secretaria Confederal de la Mujer de CC.OO., y Pilar Villacorta. Secretaria en funciones de la Mujer de AUGC.

Posteriormente comenzarán los trabajos que se dividirán en tres grandes bloques, el primero dedicado a  especialmente al estudio de los canales de información y participación en los organismos de igualdad, el segundo dedicado a Observatorios de la mujer y el tercero a los protocolos contra el acoso por razón de género.

La metodología de trabajo consistirá básicamente en fomentar el debate y la discusión entre los distintos asistentes, atendiendo propuestas y analizando las distintas experiencias con el objetivo de elaborar una serie de conclusiones y  propuestas que posteriormente serán presentadas en una rueda de prensa. 

sábado, 14 de abril de 2012

CONCLUSIONES DE LA INCIDENCIA DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES 2012 EN LOS CUERPOS DE POLICÍA (V).



Continuación ........

En sucesivas entregas hemos ido haciendo una breve reseña de la repercusión, tanto de las medidas que se incorporarán, tras el debate parlamentario de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2012 que complementarán las ya dictadas en el Real Decreto-Ley 20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección de déficit público, cuya aplicación afecta de manera directa a los trabajadores y trabajadoras de todas las Administraciones y en algunos casos especialmente a los Cuerpos de Policía.

En resumen suponen:
  • La congelación de las retribuciones de los empleados públicos.
  • La eliminación de las aportaciones municipales a los planes de pensiones, en los municipios que proceda.
  • El incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social.
  • La limitación al 10% de la oferta de empleo público.
  • La limitación de la contratación temporal (en aquellos casos en que las Leyes de Coordinación de Policías Locales así reconozcan esta posibilidad), de modo que será preciso determinar servicios y categorías esenciales y justificar por los servicios la urgencia y necesidad de cada contratación.
  • Un incremento de la jornada de los empleados públicos locales que realizaban una jornada semanal inferior a 37,5 horas.
  • Un incremento de las retenciones del I.R.P.F. a partir de la nómina de febrero y, por tanto, una reducción del líquido que van a percibir el conjunto de los empleados públicos locales.



Conclusiones y Valoración.

Como no puede ser de otra manera, desde la Coordinadora Federal de Policías Autonómicos y Locales de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC.OO, compartimos la nefasta valoración efectuada por nuestro Gabinete Técnico, de cuyas conclusiones nos hacemos eco, de las normas dictadas y analizadas en las sucesivas entregas,  en primer por lo farragoso e incoherente de su redacción, que provocará con seguridad no pocos conflictos en el ámbito laboral y jurisdiccional.

Por otro lado, el uso y abuso de la potestad legislativa para regular aquello que compete a la negociación colectiva resulta asfixiante y repugna el espíritu democrático, ya que, tras el parapeto de una ley, la Administración lamina los derechos de los trabajadores y trabajadoras y de sus representantes legales, saltando por encima de cualquier otra norma no sólo en atención al principio de jerarquía, sino ignorando, como es en nuestro caso, cuando se trata de leyes especiales por razón de la materia, que éstas son de aplicación preferente cuando de normas de igual rango se trata.

Si tenemos en cuenta, pues, lo citado anteriormente, no nos falta razón cuando rechazamos el contenido de la Ley de PGE para el 2012, al igual que lo hicimos con el Real Decreto-Ley 20/2011 de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección de déficit público, pero así como la técnica legislativa resulta manifiestamente mejorable, podemos observar cómo los poderes Ejecutivo y legislativo (en referencia también a los autonómicos) han ido “refinando” su técnica bloqueadora de derechos, imposibilitando de hecho la impugnación de sus regulaciones respecto de las condiciones laborales de los empleados y empleadas públicos por la vía de legislar todo y sobre todo.

Desde CCOO entendemos que esto nos ha de llevar, por un lado, a iniciar las acciones jurídicas que procedan si se aplican las restricciones operadas al personal incluido en un ámbito en el que entendemos no es de aplicación la totalidad o algunas de las materias reguladas, sin descuidar la posibilidad de instar a los Parlamentos autonómicos en que sea posible a que insten recurso de inconstitucionalidad contra una norma que, con toda claridad, limita su autonomía hasta límites inaceptables, hasta el punto de decidir en qué sectores específicos puede aplicar la pírrica tasa de reposición permitida.

Nos encontramos en un momento en que no se trata tanto –que también- de discutir el “qué” cuanto el “cómo”; es preciso defender el fuero, el mantenimiento de los derechos constitucionales que es tanto como defender el Estado de Derecho, porque no defendemos sólo condiciones de trabajo y salario, sino, lo que es tanto o más importante, la legitimación para su configuración, el principal derecho del mundo del trabajo, que es el de la negociación colectiva y del que al Sindicato no puede pedírsele abdicación, ni claudicar cuando es reiteradamente tachado de insensible y ciego ante la situación aguda de crisis por la que atravesamos, pues no se busca más que presionar.

No todo tiene un precio ni se puede pedir comprensión ante la vejación; tampoco los poderes públicos pueden sustituir el imperio de la Ley por una suerte de “imperialismo de la Ley”, pues aunque se quiera hacer ver lo contrario no es lo mismo el sometimiento a la Ley y al Derecho que esta sometida la sociedad en su conjunto por la Ley.

Non bene pro toto libertas venditur auro
(La libertad no se vende ni por todo el oro del mundo)

viernes, 13 de abril de 2012

INCIDENCIA DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES 2012 EN LOS CUERPOS DE POLICÍA (IV).

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Continuación ........


Otras cuestiones de interés.


a.    Bases de seguridad social.

Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así como de Clases Pasivas del Estado, experimentarán en 2012 un incremento del 1 por ciento.


b.    Cotizaciones sociales

·       Actualización de las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social:

o    Las cuantías de las bases máximas aplicables en los distintos Regímenes de la Seguridad Social se incrementarán, respecto a las vigentes en el 2011, en un 1 por ciento.

o    Durante el año 2012 el tipo de cotización adicional en relación con el anticipo de la edad de jubilación de los bomberos a que se refiere el apartado Trece del artículo 132 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, será del 7,10 por ciento, del que el 5,92 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,18 por ciento a cargo del trabajador.

o    Durante el año 2012 el tipo de cotización adicional en relación con el anticipo de la edad de jubilación de los miembros del Cuerpo de la Ertzaintza a que se refiere el apartado Catorce del artículo 132 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, será del 6,50 por ciento, del que el 5,42 por ciento será a cargo de la empresa y el 1,08 por ciento a cargo del trabajador.


c.    Aportaciones a planes de pensiones.

Para el ejercicio 2012 no podrá realizarse ninguna aportación por las administraciones públicas a planes de pensiones. Esto supone que, aquellas Administraciones que disponían de partidas presupuestarias a este efecto, no podrán disponer de las mismas. Consecuentemente, para los trabajadores de las Administraciones afectadas, en la práctica, constituye una reducción indirecta de ingresos para el ejercicio 2012.
Incidencia de la medida en el CNP.


d.    Retenciones del I.R.P.F.

Se establece para los ejercicios 2012 y 2013 un recargo en los tipos aplicables del I.R.P.F., un incremento del impuesto que oscilará entre el 0,75 y el 7%, según los ingresos y las deducciones aplicables individualmente.


Continuará ..........

Demolición del sector público: Cameron inicia la privatización de la policía británica

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El Gobierno ‘tory’ de David Cameron justifica en la crisis económica la privatización de actividades policiales.


Ni la policía se libra de los tijeretazos. La marea de recortes y privatizaciones que recorre Europa en la carrera por la reducción del déficit público se lleva por delante también, en Reino Unido, a los agentes del orden. El premier británico David Cameron ha diseñado un plan para privatizar parte de la policía, plan que se engloba dentro de un proceso de reestructuración de los servicios públicos destinado a adelgazar el Estado del bienestar. Serán empresas privadas las que se encargarán de patrullar las calles, investigar delitos, e incluso detener a sospechosos, lo que podrá dar pie a abusos policiales, según señalan los detractores del plan.

El proceso de privatización se empezará a concretar esta misma primavera. Dos de las principales fuerzas policiales de Reino Unido, en los condados de West Midlands y Surrey, ya han aceptado ofertas de compañías privadas de seguridad para que sean transferidos parte de sus servicios, según fue filtrado a la prensa británica a principios de marzo, lo que ha generado airadas críticas por parte de la oposición y los sindicatos de la policía.

Desde el sindicato Unison, que en Reino Unido agrupa a los empleados públicos, Ben Priestley denuncia que la privatización de las fuerzas policiales es un “experimento sumamente peligroso” que puede traer consecuencias “nefastas” para el país y puede significar un “grave retroceso” en los derechos de los ciudadanos. “Los agentes van a tener menos responsabilidades para con los ciudadanos, a quienes se les será negado el derecho de acudir a la Comisión Independiente de Quejas a la Policía cuando tengan un problema”, asevera Priestley.


Con la privatización, la policía de West Midlands podrá despedir a más de 2.700 agentes en los próximos dos años.



El diputado John Prescott, quien fuera mano derecha de Tony Blair, lidera una campaña desde las filas laboristas para frenar la privatización policial. Exige que estas medidas sean sometidas a una consulta popular. “No se puede emprender esta transformación tan descomunal, que supondrá un severo revés en la confianza que los ciudadanos tienen en la policía, sin ofrecer la oportunidad a los electores de expresar su opinión”.

Para Prescott, las medidas privatizadoras, que el gobierno conservador justifica por el actual contexto de crisis económica –ha destinado un 20% menos de presupuesto a la policía este año– significan en realidad un cambio hacia un nuevo modelo que impulsa un deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores. “El sector privado proveerá a la función pública de empleados con sueldos inferiores a los de los agentes, que asumirán sus funciones más rutinarias”, subraya el diputado laborista. Con la externalización de servicios, la policía de West Midlands se ahorrará el sueldo de hasta 2.764 agentes, que podrán perder su empleo en los próximos dos años.




Fuente:


jueves, 12 de abril de 2012

INCIDENCIA DEL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES 2012 EN LOS CUERPOS DE POLICÍA (III).

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Continuación ........

Jornada de trabajo.

-  Consideraciones previas:

Del estudio del presente apartado podemos extraer las siguientes consideraciones:

En primer lugar, debemos entender que la Disposición Adicional que vamos a comentar se encuentra vinculada, a todos los efectos y como en los casos analizados con anterioridad, al Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público, (de prorroga de presupuestos de 2011, para el ejercicio 2012), por lo que su desarrollo viene condicionado por las condiciones impuestas por el precitado.

En segundo lugar, que la interpretación de la presente Disposición se sigue prestando a diversas matizaciones, esencialmente por la complejidad de horarios, turnos y situaciones que conlleva el trabajo policial, no obstante intentaremos facilitar, nuestra opinión sin perjuicio de que, posteriormente, podamos emitir los posibles informes jurídicos que aclaren el verdadero alcance de la norma y su aplicación.

-  Normas objeto de análisis y comentario:

Septuagésima segunda. Jornada general del trabajo en el Sector Público.

Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada general de trabajo del personal del Sector Público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.
A estos efectos conforman el Sector Público:
a.     La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
b.     ..
c.      ..
d.     .
e.     ..
f.       ..

Asimismo, las jornadas especiales existentes o que se puedan establecer, experimentarán los cambios que fueran necesarios en su caso para adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria.

En todo caso, las modificaciones de jornada que se lleven a efecto como consecuencia del establecimiento de esta medida, no supondrán incremento retributivo alguno.

Dos. Con esta misma fecha, queda suspendida la eficacia de las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes en los entes, organismos y entidades del Sector Público indicados en el apartado anterior, que contradigan lo previsto en este artículo.

Tres. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7ª, 149.1.13ª y 149.1.18ª de la Constitución española.
................

Real Decreto-Ley 20/2011, de 30 de diciembre, de Medidas Urgentes en Materia Presupuestaria, Tributaria y Financiera para la Corrección del Déficit Público.

Artículo 4.
A partir del 1 de enero de 2012, y para el conjunto del sector público estatal, la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos.

Esta media semanal se entenderá sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan, que experimentarán las adaptaciones necesarias para adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria.

Para la efectiva y homogénea aplicación de esta medida en el ámbito de la Administración General del Estado se autoriza al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas a dictar las instrucciones necesarias para adecuar los calendarios laborales vigentes, incluidos los sistemas de seguimiento del cumplimiento horario, previa negociación en el seno de la Mesa General de Negociación.


-  Comentario:

Como cuestión previa debemos comenzar diciendo que nos encontramos ante una agresión sin precedentes al derecho de negociación de colectiva, la más que posible aprobación de la norma, concretamente la Septuagésima segunda. Jornada general del trabajo en el Sector Público. Dos.cuyo tenor literal es el siguiente <<"Con esta misma fecha, queda suspendida la eficacia de las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes en los entes, organismos y entidades del Sector Público indicados en el apartado anterior, que contradigan lo previsto en este artículo">>.

Aclarado lo anterior, y como punto de partida, debemos comenzar diciendo que en la Administración General del Estado esta jornada no es nueva y ya se encontraba establecida para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con anterioridad, así como que casi todos los cuerpos de policía de corporaciones locales y autonómicas teníamos en vigor pactos, acuerdos y convenios colectivos que establecían una jornada inferior.

Lo relevante en estos momentos lo constituye un matiz que no es menor: la jornada que dispone la Resolución de 20 de diciembre de 2005, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se dictan instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del personal civil al servicio de la Administración General del Estado será de “treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cuarenta y siete horas anuales”.

Consecuentemente, la jornada de trabajo existente se constituye como duración máxima, mientras que las nuevas normas dispone esa misma jornada pero con carácter mínimo, pues se establece que “la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos”.

Esta divergencia entre duración máxima y mínima supone la obligación legal de las corporaciones locales de aplicar a su personal funcionario esta jornada, dado que con anterioridad podía ser inferior porque así lo permitía el precepto, pues lo que prohibía era la fijación de una jornada laboral superior a 37,5; por el contrario, el carácter de mínimo que ahora se atribuye a la misma jornada lleva a la consideración de su aplicación.

No obstante y sin perjuicio de lo anterior, lo que la norma no prohibe es la aplicación del  procedimiento previsto para la negociación de esta materia en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público: <<"Artículo 37. Materias objeto de negociación: m) Las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos, en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos.">>

Consecuentemente desde la Coordinadora Federal de Policías Autonómicos y Locales de CCOO defendemos el derecho a negociar como debe ser la aplicación de los nuevos calendarios y jornadas de trabajo aplicados a las condiciones específicas que desarrollan los Cuerpos de Policía.