CRISTINA CIFUENTES Y ANA BOTELLA NO QUIEREN VER EL BOSQUE........
El sector de Policía Municipal de CCOO cree que hay que analizar tres
claves para entender lo que ha ocurrido en la C/Amparo, y lo que pueda venir.
El sector de Policía Municipal de CCOO del
Ayuntamiento de Madrid cree que “los árboles impiden ver el bosque” a la
delegada del gobierno y a la alcaldesa de Madrid, que persiste en su
teoría de la conspiración vecinal y organizativa para distraer la atención de
la raíz del problema que CCOO identifica en tres claves:
Falta de planificación del servicio del Rastro por parte de la Dirección.
Es inaceptable que una escala técnica engordada
hasta decir basta, con decenas de subinspectores, jefes de subinspección, Jefes
adjuntos, todos puestos a dedo, a la que se suma una legión de altos cargos en
el Área de Seguridad, sigan sin ser capaces de planificar ni proveer en el Rastro
un servicio en condiciones óptimas de seguridad, personal, y medios y que
observe otras variables y otras dinámicas policiales adaptadas al Barrio y al
servicio. La intervención policial se
produce en el marco del servicio del Rastro, un servicio que desde 2005 a 2012
ha visto reducido peligrosamente el número de agentes que prestan servicio en
más del 50%, llegando a tocar fondo en 2011 donde no llegaban a ser más de 32
los efectivos, lo que provocó que se dispararan delitos como hurtos, robos,
agresiones, y la queja de los comerciantes.
Falta de medios y personal
El
incumplimiento de empleo en policía municipal de 1500 agentes que prometió
Gallardón, y las políticas de recorte, tienen como resultado una falta de
personal que pone en compromiso la propia seguridad de los policías en el
servicio de Rastro: un 50% por ciento menos de policías uniformados; de 15
agentes de paisano pasan a 6, de tener un transmisor por cada agente, se ha
pasado a uno por cada dos, y por si fuera poco, el canal por el que se
comunican los policías de paisano carece de operador/a que coordine, lo que resta tiempo de respuesta, sobre todo en caso
de una emergencia grave como la del día 27 de mayo, en la que los policías
podrían haber sido linchados. La seguridad es un derecho de la ciudadanía que
ha de planificarse con medios y plantilla.
La necesidad de modular otra
intervención policial con otras
políticas municipales
A nadie se le escapa que
Lavapiés es un barrio donde confluyen diversas culturas y etnias, y donde no
falta, como en muchos barrios de Madrid, situaciones de conflictividad,
delincuencia, marginación, sin que esto sea un filtro para no reconocer la
riqueza de convivencia que allí existe, esto lo saben perfectamente los
policías que trabajan en Lavapiés y en el distrito Centro, como también saben
de sobra, aunque no lo tengan en cuenta ni Cristina
Cifuentes ni Ana Botella, que una
parte muy numerosa de esta población senegalesa que hoy se busca la vida con la
venta ambulante ilegal, se dedicaba hasta ayer mismo a trabajar como
encofradores y otros trabajos contratados en las obras de la M-30. Hoy muchos
de éstos son personas no solo paradas, sino con sus permisos de trabajo y
residencia caducados por el desempleo: sin papeles sobrevenidos.
Esta realidad social,
respondida con la mera operativa policial, lo sabemos, convergerá
obligatoriamente en constantes conflictos en Lavapiés, cuyo desarrollo, presumiblemente,
irá in crescendo, en tanto en cuanto
se trata de situaciones en conflicto que parten de la necesidad material de
subsistencia de unos, frente al celo de hacer valer ordenanzas y leyes por
parte de los otros, sin existir, en esta furia desenfrenada de recortes
sociales, medidas intermedias de amortiguación. No pueden permanecer los
policías ajenos e impasibles al tiempo en que viven, y ante la progresiva
desintegración, y sustitución de la justicia social por la respuesta policial, sin
más paliativos, porque esto sólo va a devenir en conflicto y enfrentamiento.
Tampoco se puede sustituir
la seguridad ciudadana por una dirección por objetivos, para cumplir con una
determinada productividad política. Muy al contrario, en tiempos de deprivación
social, paro masivo, aumento de la pobreza, se ha de dar un análisis de la
realidad, e impulsar políticas alternativas que minimicen el brutal impacto que
se está produciendo. No pueden, las plantillas de policías municipales, permitir
que se les enfrente como primera ratio a los conflictos que deben reducirse mediante
políticas distributivas, sociales y justas.
Si C. Cifuentes y A. Botella
no analizan de otro modo esta realidad social, y no se emprenden medidas de la
administración para dar salida a esta situación sin tener que meter presión a
la olla con tolerancia cero, y exploran salidas con la misma generosidad con que se ha planteado los vergonzosos
indultos para las grandes fortunas de dinero en negro, pronto lo sufrirán los
propios patrulleros en las calles como testigos enfrentados en primera línea.
José Luis Berrón.
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