Sin
que casi nadie se enterase, ya tenemos aquí el primer avance de lo que supondrá
el trasvase de actuaciones de los Cuerpos Policiales a la Seguridad Privada.
El Plan «Red Azul» cuya partida presupuestaria no figura en los
presupuestos, se supone que se crea como un plan de colaboración entre agentes dependientes del Ministerio del Interior
(CNP y GC) y seguridad privada y según nuestra opinión, servirá para paliar la
imagen pública que ocasiona la reducción en el número de agentes que se
incorporen este año al Cuerpo Nacional de Policía y a la Guardia Civil.
Lo cierto es que bajo la mascara del vocablo “colaboración” se
encierra con todas las bendiciones gubernamentales la irrupción del sector
empresarial de la seguridad privada en el ámbito de lo público.
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Sin conocer con certeza el alcance de ésta posible co-gestión de la
seguridad pública, sabemos que se permitirá a estas compañías privadas compartir
información con las bases de datos de los Cuerpos Policiales y dotará de
mayores competencias a los vigilantes de seguridad.
En este sentido, el tipo de información que se podrá suministrar al
sector privado, explica el gobierno, “estará en función de la eficacia y
compromiso de la colaboración alcanzada, y dependiendo de ese compromiso podrá
suministrar y recibir información referida a la comunicación de incidencias y
alertas de seguridad, acontecimientos especiales, ejecución de planes, personas
detenidas, identificadas o buscadas, objetos o vehículos sospechosos o
sustraídos, modalidades delictivas, evolución de la criminalidad, informes de
situación, boletines informativos, comprobación de datos y antecedentes,
y otros de similar naturaleza que puedan redundar en beneficio de la seguridad
pública”, es decir se pondrá en manos privadas un tipo de información sensible del que no somos participes muchos Cuerpos de Policías Locales y quizás tampoco lleguen a ese nivel de información algunas Policías Autonómicas.
El disparate está servido y nos conduce a sacar conclusiones que, sin querer pensar mal, nos da la sensación de que acabado el problema de
la seguridad de los altos cargos, hay quien plantea que estas empresas, algunas
pertenecientes o con intereses vinculados a altos cargos del Partido, seguirán percibiendo de las arcas del Estado pingues beneficios
por suplantar algunas funciones, hasta ahora, en manos de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado.
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