Puede
juzgarse el grado de civilización de un pueblo
por la posición social de la mujer.
Domingo Sarmiento.
Político y escritor
argentino.
La Ley de Igualdad propició, entre otras medidas
conducentes a la eliminación de desigualdades entre hombres y mujeres, la
creación de estructuras que se responsabilizarán del buen funcionamiento de la
norma y de alcanzar los objetivos que en ella se enmarcaban, así fueron creados
el Consejo de Participación de la Mujer, la Comisión Interministerial de
Igualdad y una Unidad de Igualdad en cada uno de los ministerios.
Transcurrido el tiempo, las organizaciones presentes
en las jornadas, llegaron a la conclusión que éstas no funcionaban: en palabras
de su portavoz Pilar Villacorta (Secretaria de la mujer de AUGC) «nos consta
que algunos no funcionan, y otros se crearon con tan sólo una persona», por lo
que se consideró prioritario después de hacer un diagnóstico del funcionamiento
de cada uno de estos organismos, crear un grupo de trabajo que redacte un
documento para trasladarlo y abrir una vía de negociación con el nuevo Gobierno. La idea, es
tratar en primer lugar de tener algún canal de comunicación para que se nos
escuche y la segunda que se de contenido y cumplimiento a la Ley, no se puede
permitir que se diga que las mujeres policías y de las fuerzas armadas están
excluidas de la aplicación de la Ley, utilizando los mismos argumentos que
tratamos de eliminar.
En cuanto a la evaluación de la actual situación de
los protocolos de acoso en todas sus formas, laboral, sexual y por razón de
sexo, las participantes llegaron, desgraciadamente, a las mismas conclusiones,
“estamos un poco mejor que al principio, pero muy lejos de la meta final”.
La aplicación de los protocolos de acoso en las
policías y fuerzas armadas se quedan cortos y, en algunos casos resulta casi
imposible poder, incluso denunciar los hechos.
Se limita mucho qué es mobbing y el acoso sexual, no
contempla el acoso horizontal (entre compañeros) ni el vertical ascendente (de
empleado/a a superior/a) y, por último, carece de un catálogo de actitudes de
acoso.
En resumen, al final, la aplicación de los protocolos
de acoso en los Cuerpos policiales y Fuerzas Armadas, para las asistentes, no
dejan de ser “una calculada chapuza” donde se cumple la máxima de "quien
hace la ley, hace la trampa".
En
consecuencia, las asistentes acuerdan que estas jornadas de trabajo deben ser
el punto de partida de otras muchas, que sucesivamente, deben encauzar el
problema y hacerlo visible, en palabras de la Secretaria de la mujer de la
FSC-CCOO “debemos ser conscientes de la realidad, por eso la visibilizamos y
la debemos analizar con posturas críticas y constructivas”, por lo que quedan
emplazas a una próxima reunión donde esperan poder analizar los resultados que
se deriven de las conclusiones adoptadas, y que a continuación detallamos:
CONCLUSIONES.
Las Secretarías de la Mujer de AUGC, AUME (Observadoras), SUP y FSC-CCOO, acuerdan:
Reabrir el debate sobre el funcionamiento de los
distintos organismos creados a raíz de la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad:
Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, Unidades de
Igualdad y el Consejo de Participación de la Mujer, y en su caso la necesidad
de impulsar nuevas vías de participación y comunicación.
Exigimos el funcionamiento real y efectivo de los
organismos internos en nuestros ámbitos laborales como medida eficaz que
garantice la Igualdad de Oportunidades y la aplicación de la normativa en materia
de Igualdad y de género, todo ello en base a la constancia de las numerosas
deficiencias en su aplicación.
La necesidad acuciante de la aplicación de los
protocolos de acoso en todas sus formas, laboral, sexual y por razón de sexo,
negociados en el ámbito de la Administración General del Estado al igual que ya
se vienen aplicando en los ámbitos de las Policías Locales y de las CCAA,
rechazando la Resolución firmada el
20 de noviembre de 2011 por el anterior Director del Cuerpo Nacional de Policía
y de la Guardia Civil, excluyendo a los colectivos de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado de su ámbito de aplicación.
Toledo, 20 de abril de 2012.
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