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El Gobierno ‘tory’ de David Cameron justifica en la crisis económica la privatización de actividades policiales.
Ni la policía se libra de los tijeretazos. La marea de recortes y
privatizaciones que recorre Europa en la carrera por la reducción del
déficit público se lleva por delante también, en Reino Unido, a los
agentes del orden. El premier británico David Cameron ha diseñado un
plan para privatizar parte de la policía, plan que se engloba dentro de
un proceso de reestructuración de los servicios públicos destinado a
adelgazar el Estado del bienestar. Serán empresas privadas las que se
encargarán de patrullar las calles, investigar delitos, e incluso
detener a sospechosos, lo que podrá dar pie a abusos policiales, según
señalan los detractores del plan.
El proceso de privatización se empezará a concretar esta misma
primavera. Dos de las principales fuerzas policiales de Reino Unido, en
los condados de West Midlands y Surrey, ya han aceptado ofertas de
compañías privadas de seguridad para que sean transferidos parte de sus
servicios, según fue filtrado a la prensa británica a principios de
marzo, lo que ha generado airadas críticas por parte de la oposición y
los sindicatos de la policía.
Desde el sindicato Unison, que en Reino Unido agrupa a los empleados
públicos, Ben Priestley denuncia que la privatización de las fuerzas
policiales es un “experimento sumamente peligroso” que puede traer
consecuencias “nefastas” para el país y puede significar un “grave
retroceso” en los derechos de los ciudadanos. “Los agentes van a tener
menos responsabilidades para con los ciudadanos, a quienes se les será
negado el derecho de acudir a la Comisión Independiente de Quejas a la
Policía cuando tengan un problema”, asevera Priestley.
Con la privatización, la policía de West Midlands podrá despedir a más de 2.700 agentes en los próximos dos años.
El diputado John Prescott, quien fuera mano derecha de Tony Blair,
lidera una campaña desde las filas laboristas para frenar la
privatización policial. Exige que estas medidas sean sometidas a una
consulta popular. “No se puede emprender esta transformación tan
descomunal, que supondrá un severo revés en la confianza que los
ciudadanos tienen en la policía, sin ofrecer la oportunidad a los
electores de expresar su opinión”.
Para Prescott, las medidas privatizadoras, que el gobierno
conservador justifica por el actual contexto de crisis económica –ha
destinado un 20% menos de presupuesto a la policía este año– significan
en realidad un cambio hacia un nuevo modelo que impulsa un deterioro de
las condiciones laborales de los trabajadores. “El sector privado
proveerá a la función pública de empleados con sueldos inferiores a los
de los agentes, que asumirán sus funciones más rutinarias”, subraya el
diputado laborista. Con la externalización de servicios, la policía de
West Midlands se ahorrará el sueldo de hasta 2.764 agentes, que podrán
perder su empleo en los próximos dos años.
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