La Justicia, en este caso la Militar, aunque de forma tímida, concede a la AUGC un nuevo triunfo en su lucha contra la limitación de sus derechos laborales y profesionales.
La sentencia del Tribunal Central de Justicia Militar que ha rebajado las penas, de hasta un año de suspensión de empleo y sueldo, a 21 compañeros que participaron en la manifestación del 20 de enero de 2007 en la Plaza Mayor de Madrid y que fueron condenados por "manifestar una actitud abiertamente contraria al ordenamiento constitucional" o tener "conductas contrarias a la disciplina, servicio o dignidad de la Institución".
La decisión del alto Tribunal, nos permite entender que la decisión aplicada por el ejecutivo, fue injusta y desproporcionada, así, la sentencia, rebaja la calificación de falta muy grave a grave y rebajado sustancialmente las sanciones impuestas, dejándolas en 3 meses para Joan Miquel Perpinya, secretario general de la AUGC y un mes para el resto de compañeros, consecuentemente el sindicato ha decidido, primero recurrir la resolución y, posteriormente, acudirá al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si resulta preciso.
De esta forma, la Asociación Unificada de Guardias Civiles se ha mostrado convencida "de la total inocencia" de sus compañeros y de la "legitimidad" de la concentración "democrática, pacífica y honorable" que reunió a 3.000 guardias civiles uniformados y con tricornio, y a otros 10.000 de paisano, el 20 de enero de 2007, la cual contó además con el apoyo de otros sindicatos como el Sindicato Unificado de la Policía, el sindicato de la Ertzaintza ErNE, el Sindicato de Policías de Catalunya-Mossos d'Esquadra, el Movimiento contra la Intolerancia, el Movimiento pro-Derechos Humanos, CC.OO., Eurocop, y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME).
